La nefasta Ley N° 31973 aprobada por el congreso peruano, que facilita la deforestación a favor de grupos privados, es un atentado criminal que se suma a los otros episodios nefastos que desde muchos años atrás vienen dañando el suelo, las plantas y las aguas del amazonas, un bendecido territorio de más de 782 mil Km2, que ocupa el 60% de la geografía del Perú.
A pesar de los reclamos justificados de gremios ambientalistas, líderes nativos, instituciones técnicas y organismos mundiales, los representantes han desoído toda recomendación para evitar el dictamen de la citada ley, y hoy se convierte en una puerta abierta para traficantes, empresarios mañosos, invasores que no tienen ninguna consideración por la destrucción de los ecosistemas. Son espurios intereses económicos los que ahora ponen en peligro a nuestra frondosa amazonía.
A esto se suma, un gobierno débil e incapaz que no tiene ninguna idea, plan ni visión de preservación de la selva peruana ni de las comunidades nativas que en ella habitan desde tiempo inmemoriales. Por eso, quienes anhelamos vivir y convivir en una nación que proteja y promueva un desarrollo sostenible y saludable del Amazonas, tenemos que seguir alzando nuestra voz de indignación y protesta por los graves errores y la falta de atención.
Peruanas y peruanos tenemos que unir nuestros reclamos para que nuestra Amazonía siga siendo la despensa saludable proveedora de alimento naturales limpios, siempre bajo leyes apropiadas y justas sin depredación ni malas prácticas.
